El próximo martes 17 de junio, entra en vigor una reforma a la conocida como “Ley Silla”. Esta modificación establece nuevas disposiciones obligatorias para los centros de trabajo en todo el país. La intención es mejorar las condiciones laborales mediante el establecimiento de pausas activas y la disponibilidad de asientos adecuados durante la jornada laboral.

La "Ley Silla" establece la obligación de todo patrón o empresa de proveer de asientos o sillas con respaldo a los trabajadores. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
La "Ley Silla" establece la obligación de todo patrón o empresa de proveer de asientos o sillas con respaldo a los trabajadores. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué es la "Ley Silla" y a quiénes aplica?

La reforma determina que las personas empleadoras deben proveer sillas o asientos con respaldo a todas las personas trabajadoras, sin importar la naturaleza de sus funciones. Esta disposición aplica tanto en la realización de actividades como durante los tiempos de descanso.

La obligación no se limita a ciertos sectores. Todas las industrias están sujetas a este nuevo requerimiento, incluyendo comercio, servicios, manufactura, salud, seguridad privada y atención al cliente, entre otras.

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¿Cuál es el objetivo de esta nueva Ley?

Este cambio busca reducir afectaciones de salud asociadas a posiciones prolongadas de pie, tales como problemas circulatorios, sobrecargas musculares o lesiones articulares. La incorporación de mobiliario ergonómico será fundamental para prevenir riesgos y mejorar el entorno laboral.

Ley Silla. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Ley Silla. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Las organizaciones contarán con un plazo de 180 días naturales para adecuar sus reglamentos internos y condiciones físicas. Durante ese tiempo deberán implementar los cambios necesarios para cumplir con la reforma.

Adicionalmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitirá nuevas disposiciones sobre factores de riesgo postural en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de entrada en vigor.

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Sanciones por incumplimiento de la Ley Silla

La reforma contempla sanciones económicas para los centros de trabajo que no cumplan con la normativa. Las multas oscilan entre 250 y 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa montos desde aproximadamente 28,000 hasta más de 280,000 pesos, según la gravedad de la infracción y la reincidencia. En los casos más graves, incluso podría considerarse la suspensión temporal de actividades.

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